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Asesoría Empresas - Zaragoza

RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES DE EMPRESAS EN CONCURSO

16 Jul 2015

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En aquellas sociedades en crisis, que no pueden seguir haciendo frente a sus pagos por falta de liquidez, los administradores deben saber identificar el momento en que la sociedad entra en estado de insolvencia y, por tanto, puede ser declarada en concurso de acreedores. La Ley Concursal no define la insolvencia como presupuesto del concurso, pero describe los efectos que produce, y así dice que “se encuentra en estado de insolvencia el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles”. Además, es necesario que exista más de un acreedor y que no se trate de un impago esporádico, puntual o aislado.

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La Ley Concursal establece una serie de hechos o situaciones concretas que si bien no implican necesariamente la insolvencia del deudor, sí permiten a cualquier acreedor fundamentar su solicitud de concurso necesario, tales como el embargo infructuoso, el sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones del deudor, existencia de embargos que afecten de manera general al patrimonio del deudor, impago de obligaciones tributarias, de la Seguridad Social y de los trabajadores durante los tres meses anteriores a la solicitud de concurso (impago generalizado para todas las deudas de su clase).

Incurre en grave responsabilidad el órgano de administración que actúa negligentemente, evitando o dilatando la solicitud de concurso o poniendo trabas a los acreedores, falseando la contabilidad o incluso ocultando bienes de la empresa. Tales conductas permiten distinguir las siguientes situaciones: 

a) Si la sociedad es declarada en concurso necesario:

i. El órgano de administración quedará apartado de sus funciones, siendo sustituido por la administración concursal designada por el Juzgado.

ii. Aquellas operaciones realizadas en fraude de acreedores o perjudiciales para el patrimonio de la sociedad durante los dos últimos años anteriores a la declaración del concurso podrán ser rescindidas a instancias de la Administración Concursal, en cuyo caso lo que salió indebidamente del patrimonio deberá ser reintegrado.

iii. Los créditos de aquellos acreedores que tengan una especial relación con el deudor serán calificados como créditos subordinados, es decir, serán los últimos en cobrar.

iv. En caso de que el concurso sea declarado culpable, el Juez podrá condenar a los administradores por los actos fraudulentos que agravaron la situación de insolvencia al pago de todo o parte de las deudas de la sociedad concursada, a la inhabilitación para administrar bienes ajenos y a la pérdida de los derechos que pudieran tener como acreedores de la sociedad concursada y a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados.

b) Si la sociedad no entra en concurso, porque no lo pida el órgano de administración, ni los acreedores se atrevan a hacerlo debido principalmente a la inexistencia de patrimonio alguno para hacer frente a las deudas, los administradores (de hecho o de derecho) quedan personalmente expuestos a las acciones de los acreedores para hacerlos responsables del pago de las deudas de la sociedad.

La Ley Concursal castiga la conducta pasiva, omisiva e imprudente del administrador que desconoce el estado económico-contable de la sociedad y que no es capaz de identificar la situación de insolvencia.

Ahora bien, cuando el administrador se retrasa en la solicitud mas allá de los dos meses pero dicho retraso no ha influido en la agravación de la insolvencia y, por tanto, no ha causado mayor perjuicio a los acreedores el Juez no imputará responsabilidad al administrador por este retraso. La actual Ley Concursal exige, para condenar a los administradores y personas afectadas por la calificación culpable “a la cobertura total o parcial del déficit” (entendiendo por déficit aquella parte de las deudas de la empresa concursada que no se han podido pagar a los acreedores con el activo que ésta tenía tras su liquidación), “…en la medida que la conducta que ha determinado la calificación culpable haya generado o agravado la insolvencia”. Es decir, sólo por el hecho de la calificación culpable no se puede imponer una responsabilidad por todo el déficit, sino que se requiere una relación de causalidad. No se puede condenar por el todo a quien sólo haya contribuido en parte a generar o agravar la insolvencia.

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